Miami, 3 Nov (24 Horas).- La exconductora mexicana Inés Gómez Mont interpuso una demanda de habeas corpus ante la Corte de Distrito para el Sur de Florida con la finalidad de impugnar su detención migratoria y solicitar su liberación en Estados Unidos.
Tras una revisión en los archivos judiciales de Estados Unidos, 24 Horas constató que el recurso legal fue presentado el 31 de octubre de 2026 por los abogados de la expresentadora de televisión, tras ser arrestada a finales de dicho mes por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Miami.
La medida se originó debido a que Gómez Mont presuntamente carece de un permiso o visado vigente para residir legalmente en territorio estadounidense luego del vencimiento de su visa de turista. Actualmente permanece retenida en el Broward Transitional Center, ubicado en Pompano Beach, Florida.
Dentro del mismo expediente, la defensa promovió una moción de emergencia orientada a frenar de forma cautelar cualquier traslado de Gómez Mont a otro centro de detención mientras se resuelve su situación jurídica.
No obstante, el juez federal Jeffrey Kuntz denegó dicha medida cautelar de suspensión inmediata, argumentando que los tribunales no poseen la autoridad legal para impedir que las autoridades migratorias reubiquen a los detenidos a otros distritos.
El objetivo principal de un habeas corpus es evaluar que una detención no sea arbitraria, permitiendo que un tribunal analice si la custodia cuenta con el debido fundamento jurídico.
Por lo anterior, el juzgador ordenó a las autoridades requeridas justificar las razones de la detención antes del 4 de noviembre de 2026.
Este procedimiento en Estados Unidos se desarrolla de manera paralela a las órdenes de aprehensión que enfrenta la exconductora en México por delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.
La exconductora de televisión es señalada por el presunto delito de defraudación fiscal equiparada en México | Foto: Cuartoscuro
Dichas acusaciones derivan de investigaciones sobre un supuesto esquema de desvío de recursos públicos vinculados a contratos para centros penitenciarios por una suma estimada en 17 millones de pesos.
Su cónyuge, Víctor Manuel Álvarez Puga, también enfrentó un arresto por parte de autoridades migratorias en septiembre de 2025, obteniendo posteriormente la canalización de su proceso ante la justicia de inmigración tras interponer un recurso similar.